Seguridad jurídica, cimiento del desarrollo económico
Damián Ferrero-Wenger – Abogado - Asesor Legal Sanatorio Mapaci, S.A./ Mapaci Laboral.S.A
Crecimiento no es desarrollo
Inicia el 2017 lleno de expectativas, ideas y objetivos; luego de un año de transición, y correspondiente balance final.
El Estado en los últimos años ha puesto en marcha un muy importante caudal de modificaciones legislativas (Nuevo Código Civil y Comercial, cambios en las normas fiscales, reforma a la ley de contratos de Trabajo), y muchas otras que se encuentran en proceso de creación, más o menos cerca de ser realidad y concretarse (reforma a la Legislación de Riesgos del Trabajo, Nueva Ley de Mercado de Capitales).
Reformas que impactan en personas y empresas. Gran cantidad de innovaciones que gravitarán en materia laboral, tributaria, civil, comercial, societaria, de consumidor, administrativa.
Las sociedades a medida que transcurre el tiempo se complejizan, generan innumerables normas, regulaciones legales, trámites, inscripciones, responsabilidades, todo lo cual se proyecta en una creciente sofisticación a la hora de la toma de decisiones.
Se hace evidente entonces la necesidad, individual y colectiva, de conocer sobre la materia legal en que se debe actuar.
La seguridad jurídica -cuya natural contracara es la inseguridad, la incertidumbre y el riesgo-, desde esa perspectiva comienza a ser una construcción diaria que posee un “plano abstracto”, que es el de las normas e instituciones jurídicas (estas son las leyes, decretos, resoluciones y demás disposiciones generales, junto con los organismos administrativos y judiciales encargados de aplicarlos o hacerlos valer), y otro “plano concreto”, que es el de la acción diaria de las personas y empresas.
Lógicamente, el uno posee íntima relación con el otro. Las normas e instituciones jurídicas establecen las reglas de juego. Conforman las condiciones para que luego las personas adopten sus decisiones.
Las instituciones jurídicas son generadoras de empresas, de inversiones, de trabajo, de mejoras, de valor. O por el contrario, de desincentivos, de desmotivación, de encarecimiento; pueden hacer difíciles o imposibles la actividad; pueden llegar a ser no fuente de creación sino de destrucción. Difícilmente son neutras.
La inteligencia y aptitud con la que los estados municipales, provinciales y nacionales crean y ejecutan las instituciones jurídicas harán que el ámbito en que personas y empresas se desempeñan sea virtuoso y eficiente, o vicioso e ineficiente.
Entre lo abastracto y lo concreto
Hecha esta breve pero imprescindible introducción, personas individuales y empresarios naturalmente se preguntarán acerca de si dicho “plano abstracto” será o es determinante de su presente y su futuro (incluso si lo ha sido de su pasado…).
Si la respuesta a dicha pregunta es que el “plano abstracto” (las “instituciones jurídicas”) es determinante, no hay mucho para hacer: el contexto determina y poco podemos concebir para mejorar o empeorar la exposición a las cuestiones legales, sus riesgos, sus oportunidades de negocios, de cuidar los derechos y el patrimonio.
Ahora si la respuesta es que el “plano abstracto” condiciona -pero no determina- el presente y futuro de las personas y empresas, y crea un terreno que puede ser más o menos difícil, pero que siempre hay margen, mayor o menor, para que la acción individual (el “plano concreto”) optimice, asegure, aproveche oportunidades, la predisposición a la toma de decisiones será bien diferente. Desde esta otra óptica, mientras más difícil el “plano abstracto” más importante el “plano concreto”.
Y es aquí, luego de todo este recorrido que debe ponerse especial atención, donde me detendré.
El Estado Argentino en sus diversos niveles, voluntaria o involuntariamente, se ha esforzado por hacer la vida de las personas y empresas más difícil y más incierta: cambios legislativos repentinos, modificaciones tributarias constantes (siempre para agregar nuevos y dudosamente justificables tributos), interpretaciones jurídicas confusas, regulaciones legales asfixiantes, trámites burocráticos laberinticos, todo lo que ya conocemos.
Las sociedades que evolucionan son las que poseen instituciones previsibles, que proveen de un entorno de funcionamiento predecible.
Es evidente que ha llegado el tiempo que el estado (nacional, provincial, municipal) tome nota de que debe despejar esta maraña que solo conduce a crecimiento amorfo, estancamiento y pobreza, más no a desarrollo. Este nivel es de fundamental relevancia, circunstancia que la historia del desarrollo económico social ya se ha encargado de verificar: las sociedades que evolucionan son las que poseen instituciones previsibles, que proveen de un entorno de funcionamiento predecible.
A fuerza de ser sincero: es muy difícil neutralizar las carencias y deficiencias existentes en este plano.
Sin embargo, ese “plano abstracto” para personas y empresas es un dato dado: es muy poco lo que puede hacerse para modificarlo (a veces algo mediante la presión ejercida en ciertas oportunidades en que es posible).
Es entonces en el “plano concreto” en el que se puede y se debe hacer.
Se puede, porque la realidad concreta demuestra con pruebas palpables que siempre existe margen para la adopción de decisiones más óptimas. Basta para confirmar tal aserto con observar aquellos ejemplos de quienes, adoptando decisiones más optimas, logran mejores resultados. Pero es cierto que es cada vez más difícil.
Y también se debe, porque solo mejorando la calidad de las decisiones se alcanzan los objetivos.
Vuelta al comienzo: balance del año terminado y planificación del año en inicio.
Del balance de año (complejidad decisoria y numerosas modificaciones legales adoptadas y por venir) y la planificación de lo venidero (necesidad y beneficio de mejorar los procesos de adopción de decisiones con implicancias legales) nace el tiempo de asumir -como capítulo fundamental de la acción permanente, de personas y empresas-, que las conductas con consecuencias económicas y legales deben adoptarse con el debido conocimiento de la materia jurídica implicada. Esa concientización se ubica en un nivel fundamental de la acción.
En directa relación de relevancia: mientras más importante la decisión a adoptar, en términos económicos y de consecuencias, y más compleja jurídicamente, más importante el conocimiento y el consejo legal. Tanto en el plano abstracto (normas e instituciones jurídicas/a cargo del estado), como en el concreto (acción concreta/de responsabilidad propia de las personas y empresas).
Las decisiones así adoptadas crearán seguridad jurídica y, con ello, desarrollo personal o empresarial -según sea el caso-; y luego colectivo. No tan solo crecimiento.
